Según los diarios paraguayos y las agencias de noticias internacionales del 3 de septiembre de 2020, dos mujeres de la guerrilla Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) habían muerto en combate el día anterior. 

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez, viajó al lugar de los hechos en la ciudad de Yby Yaú en el Departamento de Concepción, y posó junto a los altos mandos militares portando un arma en la cintura. “Hemos tenido un operativo exitoso en contra del EPP. Luego de un enfrentamiento, dos integrantes de este grupo armado han sido abatidos. Hay un oficial herido. A todo el equipo le ratifiqué mi agradecimiento por su valentía en la lucha contra este grupo criminal”, tuiteó el primer mandatario. El último enfrentamiento oficial había sido en abril del 2018 y sin víctimas fatales. 

El episodio de aquel septiembre ofrece más oscuros que claros: luego de las primeras versiones triunfalistas, se supo que en la contienda no hubo muertos ni detenidos del EPP. No hubo registros audiovisuales o documentos públicos, salvo algunas fotografías donde se ve el armamento prolijamente ordenado, plata confiscada y los restos de un campamento. Tampoco se dijo lo más importante: las muertas eran Lilian Mariana y María Carmen Villalba, dos niñas argentinas de 11 años.

El presidente de Paraguay, Mario Abdo Benitez./ Wikipedia.

Sus prendas de ropa fueron destruidas y sus cuerpos enterrados en una fosa común el mismo día del operativo, haciendo alusión a los protocolos por el COVID-19. No existió autopsia y el Estado paraguayo negó el ingreso al Equipo Argentino de Antropología Forense para realizar esa tarea. Pero quienes vieron fotografías de sus cuerpos muertos no pudieron dormir por días: tajos, quemaduras, falta de miembros, son solo algunos horrores de lo que aún se desconoce. 

Varios meses después se supo que las niñas fueron secuestradas con vida y llevadas a rastras por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), un cuerpo del ejército paraguayo, desde un campamento de la guerrilla. Esos testimonios los aportaron en diciembre otras jóvenes que lograron escapar al llamado “enfrentamiento”, como Tania Villalba, quien tiene ahora 19 años y ya declaró ante la “Relatoría de Ejecuciones Extrajudiciales” de la ONU y la ONG Human Rights. 

Tania, junto a sus primas Lilian Mariana, María Carmen, y las mellizas Carmen Elizabeth (apodada “Lichita”) y Tamara Anahí —de 13 años en aquel entonces— habían viajado desde su casa en Puerto Rico, en la provincia argentina de Misiones, hasta el campamento guerrillero en noviembre de 2019. Lilian Mariana y Maria Carmen querían conocer a sus padres quienes militan en las filas del EPP, y su tía Laura Villalba fue la adulta encargada de acompañarlas. 

Las prendas de ropa fueron destruidas y sus cuerpos enterrados en una fosa común el mismo día del operativo, haciendo alusión a los protocolos por el COVID-19.

Tras el operativo y el secuestro de las dos menores, Tania, las mellizas y Laura huyeron por el monte. Junto a ellas se escaparon tres militantes del EPP que intentaron guiarlas hacia una zona segura, pero no lo lograron y el 20 de noviembre murieron acribillados. Según explicó en rueda de prensa el comandante de la FTC Óscar Chamorro, las fuerzas militares recibieron “fuego de armas” de un grupo de personas que avanzaba hacia ellos. Según la versión oficial, los uniformados dispararon en respuesta y luego encontraron los tres cadáveres. Tania Villalba, sin embargo, lo recuerda distinto: “Las balas venían de arriba”, sentenció en una de sus pocas declaraciones a la prensa.

Para ese entonces, “Lichita” ya estaba malherida en una pierna y el grupo de cuatro mujeres decidió dividirse en busca de comida y agua. Allí, el desenlace: Laura fue detenida por el Ejército mientras deambulaba buscando a sus sobrinas. Tania y Tamara Anaí, luego de semanas de vivir entre el monte y la vera del río, lograron encontrar ayuda y cruzar a tierras argentinas. Llegaron a su chacra en Puerto Rico el 23 de diciembre, con el calor sofocante de la Navidad misionera. Ahí supieron que “Lichita” nunca cruzó y todavía no se sabe qué fue de ella. Laura, la tía, fue trasladada a la cárcel militar de Viñas Cué, imputada por el gobierno paraguayo de “vinculaciones orgánicas” con el EPP. Solo tiene solo 15 minutos tres veces por semana para hablar por teléfono con sus hijos. 

Tamara Anahí y Lichita (alrededor de 13 años en la foto) / Archivo particular.

La vida en Misiones

Las Villalba llegaron a Misiones de la mano de espacios políticos afines, como la Asociación Gremial de Abogados. Querían un lugar para cultivar y recrear lo más posible su tierra natal paraguaya. También buscaban un poco de paz. 

Cuando parte del clan se mudó a Argentina en el año 2009, primero se instalaron en la provincia de Formosa, en la ciudad de Clorinda, limítrofe con Paraguay. Las hermanas Myriam, Laura y Rosa Villalba, junto a su madre Mariana de Jesús, buscaban mayor tranquilidad para la crianza de los hijos propios y ajenos. Durante los últimos años en Paraguay sufrieron una intensa persecución: "Íbamos a la escuela a llevar a los niños y nos cerraban caminos o trataban de retirar a las criaturas. Los allanamientos en la casa eran el pan de cada día”, afirma Myriam. ¿La razón? Varios miembros de la familia Villalba pertenecen a las filas del EPP: la hermana mayor Carmen, quien se encuentra en prisión desde el año 2004 con una condena de 18 años, es el caso más resonante.

Tania Villalba, sin embargo, lo recuerda distinto: “Las balas venían de arriba”, sentenció en una de sus pocas declaraciones a la prensa.

Pero en Formosa las cosas no mejoraron y a menos de un año de llegar, Néstor Villalba murió en condiciones dudosas. Lo rociaron en plena calle con veneno, con glifosato, según su tía. El niño volvió a su casa mareado, con vómitos, dolores de cabeza y murió a la mañana siguiente en el baño. “Golpeamos la puerta pero no respondía, y cuando entramos estaba sentado y le salían burbujas por la boca”, recuerda Myriam con la expresión seria. Néstor tenía 12 años y era hijo de Carmen, como los son las mellizas Tamara Anahí y “Lichita”.

Tras ese hecho trágico Myriam viajó a Buenos Aires a buscar ayuda. Sus contactos, “organizaciones sociales”, recuerda, le aconsejaron mudarse a Misiones. Allí las Villalba compraron una chacra de 6 ½ hectáreas y pasaron nueve años sin grandes sobresaltos. Las niñas crecieron y asistieron a la escuela, mientras en la casa se producía casi todo lo necesario para la subsistencia: huerta, granja con animales, árboles frutales. “Autoabastecimiento para saber de qué nos estábamos alimentando”, explica Myriam. Laura, que era licenciada en enfermería, debió volver a realizar la carrera porque su título paraguayo no le servía en Argentina. Así volvió a ejercer su profesión. 

El hijo Villalba / Imagen tomada de un video EPP.

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La ciudad de Puerto Rico, en Misiones, tiene 20.000 habitantes y sus prósperos últimos años pueden leerse a través de las fachadas de sus casas. Columnas góticas en construcciones de estilo moderno, paredes combinadas con ladrillo a la vista, hormigón y piedra. Jardines de diseño, palmeras implantadas en la vereda, escalones de mármol y aljibes barrocos de dudosa utilidad. Las malas lenguas atribuyen ese desborde monetario a la cercanía con Paraguay: en una localidad donde el Rio Paraná separa ambas orillas por solo 200 mts., los controles fronterizos pueden ser bastante lábiles. El contrabando es uno de los negocios más redituables en esta región del mundo. 

Pueblo chico infierno grande, dice un dicho, y algo de verdad esconde. “Se tienen que ir”, les advirtió un amigo de la familia, cuando arribaron las niñas sobrevivientes. Puerto Rico ya no era más territorio seguro: al poco tiempo aparecieron drones volando por encima de la chacra, hombres merodeando a toda hora o visitas policiales a la escuela de las niñas para sugerir silencio al plantel docente. 

Lo rociaron en plena calle con veneno, con glifosato, según su tía. El niño volvió a su casa mareado, con vómitos, dolores de cabeza y murió a la mañana siguiente en el baño.

Incluso un partido local presentó un pedido de informe ante la Cámara de Representantes de Misiones, para que el ejecutivo provincial respondiera ante la intromisión extranjera y cooperación de fuerzas nacionales en el evidente rastreo y vigilancia a la familia Villalba. En la conferencia de prensa del 29 de diciembre de 2020 en la sede de la Fiscalía de Paraguay, el comisario Nimio Cardozo aseguró que “el operativo del 2 de septiembre pudo realizarse gracias a los “elementos de inteligencia” que recolectaron “en los últimos cinco años”. Sin ningún tapujo, Cardozo agregó: “Argentina tiene varias fuerzas de seguridad federales y provinciales. Estamos haciendo un intercambio de información”.

Con todo en contra y tras la muerte de las niñas, lo que quedaba de la familia Villalva decidió dejar Puerto Rico e instalarse en Buenos Aires. Si bien varios miembros de la familia ya habían pedido refugio político en el mes de octubre, en diciembre se iniciaron los pedidos de las niñas que habían vuelto con vida de Paraguay. Fueron ubicadas en un refugio anónimo en el municipio de Lomas de Zamora del conurbano bonaerense; y gracias a una combinación de visibilización de los hechos, cierta presión social y empuje de sectores oficialistas, desde la Comisión Nacional para los Refugiados apuraron los trámites como pocas veces. El pasado 18 de febrero, fueron aceptadas como refugiadas políticas seis integrantes de la familia Villalba: Myriam, Rosa, Mariana de Jesús y tres menores de edad. 

Se tienen que ir”, les advirtió un amigo de la familia, cuando arribaron las niñas sobrevivientes.

La “seguridad” interna

A sólo 8 días de asumir la presidencia de Paraguay en agosto de 2013, Horacio Cartes —con el apoyo del Partido Colorado— firmó un decreto que modifica la ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna. Los artículos en cuestión quitan la distinción de “Estado de Excepción” para la acción militar y asignan roles a las Fuerzas Armadas que hasta ese momento eran competencia exclusiva de la Policía Nacional. Como comandante de las FF:AA., el ejecutivo tiene entonces total incidencia en las políticas llamadas de seguridad interna: para un país que ha vivido la dictadura militar de Alfredo Stroessner por 35 años —y cuyo aparato político sigue vigente— las tres décadas de sistema democrático formal son aún algo frágiles. 

Se creó también la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) con el objetivo específico de luchar contra el Ejército del Pueblo Paraguayo y la Asociación Campesina Armada, una guerrilla ya extinta. Este órgano especial está compuesto por militares, policías y agentes de la Secretaría Nacional Antidrogas; y opera únicamente al norte del país en los departamentos de Concepción, San Pedro y Amambay. Dentro de la figura de enemigo interno, se califica “terrorismo, asociación terrorista, financiamiento del terrorismo, o cuando existieran amenazas o acciones violentas contra las autoridades”; un espectro demasiado amplio como para evitar atropellos. Ya existen decenas de denuncias de torturas, secuestros, violaciones y “falsos positivos”, en un lamentable paralelismo con Colombia. 

El pasado 18 de febrero, fueron aceptadas como refugiadas políticas seis integrantes de la familia Villalba: Myriam, Rosa, Mariana de Jesús y tres menores de edad.

Según un estudio del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, “Paraguay puede ser considerado como el epicentro de la militarización estadounidense en el Cono Sur”, gracias a las hipótesis de células terroristas “dormidas” de origen islámico y las FARC en la Triple Frontera. La presencia militar es directa o vía efectivos colombianos; y a partir del 2008 —con la entrada en escena del EPP— la amenaza se intensificó. En la prensa y un sector de la ciudadanía paraguaya, existen serias desconfianzas sobre la eficacia de la FTC y sus verdaderos objetivos y se citan investigaciones sobre el considerable aumento presupuestario que ha tenido en los últimos años. 

También existen dudas por el otro lado: que una guerrilla pequeña siga operando después de 13 años en un territorio agreste cada vez más agotado gracias a la deforestación creciente, teniendo como adversario a un ejército altamente entrenado, llama la atención. 

Lilian Mariana y Maria Carmen, cuando eran pequeñas (bastante antes de su asesinato)./ Archivo particular.

El grupo guerrillero nació en 2008, coincidiendo con el gobierno de Fernando Lugo y el Frente Guasú —la concertación de partidos de izquierda que lo llevó al poder—. Operaron siempre escondidos desde el monte en la zona norte de Paraguay, una región mayormente rural de grandes concentraciones de tierra, campesinos pobres y cada vez mayor presencia de grupos delictivos ligados al narcotráfico y la frontera con Brasil. Poco se sabe de su presente, diezmado por el encarcelamiento de sus principales dirigentes y las varias rupturas de la organización, pero nunca se calculan más de 50 combatientes. Se les atribuyen secuestros extorsivos, ataques a la propiedad privada y varios asesinatos, aunque en muchos casos no hay claridad judicial al respecto. 

Pero hay un dato insoslayable y el más real de todos: desde la existencia de grupos armados y la decisión política de militarizar la zona, las represalias sobre el movimiento campesino local han sido mucho más severas. Se desdibujaron los límites entre la protesta por mejores condiciones de vida, la actividad criminal, o la pertenencia a grupos guerrilleros: ahora todo es lo mismo.

Otras formas de morir

Pocos días después de la muerte de las niñas, un grupo de militantes de derechos humanos viajaron desde Posadas —la capital misionera— a visitar a la familia Villalba a Puerto Rico. Cuando llegaron a la chacra, ubicada lejos del centro de la ciudad y rodeada de caminos de tierra, quedaron sorprendidos por la serenidad reinante en un contexto tan adverso. Todas parecían continuar con su rutina diaria de tareas domésticas, e incluso durante las entrevistas no mostraron signos de debilidad ni lamento. “No sé si se permiten llorar”, reflexiona una de las visitadoras. 

Siete meses después, cuando logré juntarme con Myriam Villalba en Puerto Rico, en una de sus fugaces visitas para ver el futuro de la chacra, muchas cosas habían cambiado, menos esa sensación. “No pude hacer el duelo todavía”, dice. La mujer tiene pelo oscuro, mirada penetrante y una sonrisa contagiosa; con 42 años se la ve francamente joven. Está vestida con calzas, una remera lisa y zapatillas sin marca, y mientras toma jugo de naranja mira todo el tiempo el celular. A veces contesta audios, me pide disculpas y habla en guaraní, su idioma natal. 

Myriam es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Concepción y fue quien asistió por años a su hermana Carmen. Hoy en día tiene a su cargo, junto a su hermana Rosa y su madre, a 14 niños de entre 3 y 19 años. Son hijos e hijas de las hermanas Villalba, y es casi inútil intentar saber quién es de cada cual; o quizás ni siquiera importe. “Kuña mbarete” significa mujer valiente en guaraní, y funciona como metáfora social del sacrificio con el que lidiaron las mujeres a lo largo de una historia de guerras y muerte.

Pero hay un dato insoslayable y el más real de todos: desde la existencia de grupos armados y la decisión política de militarizar la zona, las represalias sobre el movimiento campesino local han sido mucho más severas.

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“Cuando me enteré en lo que estaban metidas, cuando me hablaron de guerrilla ahora, en estos días, yo no lo podía creer", dice el subdirector de la Escuela Provincial de Educación Técnica N 10, como quien se sorprende porque el kilo de bananas pasó de 100 a 120 pesos el kilo. "Pensé que eso ya había terminado”, agrega impresionado. 

El edificio se ve prolijo, los pisos están limpios y no parecen habitarlo los mil estudiantes para los que fue proyectado el colegio en los últimos años. “Lichita” y su hermana Tamara Anahí asistían a primer año.

—¿Qué se dijo en el pueblo cuando mataron a las niñas?, pregunté. 

—Y… acá estábamos preocupados por el coronavirus, todos encerrados. Como que eso tapó a lo otro —dice el hombre, mientras se acomoda el tapabocas blanco. 

“Siempre se iban detrás de las criaturas, les sacaban fotos, trataban de identificarlos", recuerda Myriam de sus días en Paraguay. Pero siguió pasando: atentaron contra Néstor, mataron a Lilian Mariana y María Carmen, y desapareció “Lichita”. El Estado paraguayo no realizó investigaciones al respecto ni piensa hacerlo; el Estado argentino no exige demasiado. Pero en la escuela tampoco hubo ningún recordatorio para esta niña desaparecida en democracia, ni palabras alusivas de las autoridades al comienzo del ciclo lectivo 2021. Como si nada hubiese pasado o como quien piensa “por algo será".