Trabajar juntos porque “todos somos Chocó”
Antes de ser joven guardián del río Atrato, John Stiwar Córdoba Gómez, de 24 años, no conocía su propio departamento. Nacido y criado en Quibdó, la capital de Chocó –en el noroccidente colombiano–, era líder de su municipio, pero nunca había ido más allá. “No conocía los municipios de Carmen del Atrato, Bagadó, Río Quito, tampoco el corregimiento Doña Josefa, y jamás había interactuado con otras comunidades”, dice rodeado de una veintena de jóvenes entusiastas que viven a lo largo de los 750 kilómetros del Atrato, el tercer río navegable más importante del país, que nace en el Cerro del Plateado, en la cordillera occidental de los Andes colombianos, y desemboca en el Golfo de Urabá, en el mar Caribe.
John Stiwar pertenece a la primera generación de jóvenes guardianes del río Atrato, que empezó a gestarse en 2020, cuatro años después de que la Corte Constitucional colombiana reconoció al Atrato como sujeto de derechos, una sentencia histórica que por primera vez le dio derechos a un río en el continente.
Esta mañana, la voz de John Stiwar y la de los demás guardianes se unen en un barullo más potente que el de la vibrante naturaleza que habita la finca, a pocos kilómetros de Quibdó, adonde todos han llegado. Vienen a compartir, escucharse, trabajar en equipo y presentar propuestas culturales, medioambientales y de comunicación que cambien conciencias, creen arraigo y ayuden a desarrollar hábitos que protejan a los atrateños y a su río, herido de gravedad por causa de la minería, sobre todo la ilegal: de las 37.800 hectáreas de oro de aluvión explotadas en el departamento en 2021, 34.000 eran ilícitas, según el último informe de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito.
El imponente río Atrato, cuyo cauce se extiende a lo largo de 750 kilómetros, nace en el Cerro Plateado, en el departamento de Antioquia, y serpentea por el departamento del Chocó hasta llegar al Golfo de Urabá, en el Mar Caribe.
Los jóvenes guardianes son afros, indígenas y mestizos, reflejo de la diversidad cultural de las gentes de la cuenca del río Atrato.
Con su pelo atado en cola de caballo, piel mestiza y acento paisa, Kenyi Paolo Pérez, de 22 años, proveniente de Carmen del Atrato, amante del café, guía y fotógrafo de aves, senderista aficionado y estudiante de ingeniería industrial, dice que tiene el privilegio de levantarse todos los días y ver fluir al río recién nacido; es chocoano, pero también antioqueño (su pueblo limita al norte con Urrao y Salgar), por eso se declara “chocopaisa”. Vestida con una falda corta tipo cubista de tonos rojos, naranjas, verdes y azules, la indígena embera dobida Yazury Dumaza, de 24 años, de Bellavista (Bojayá, en el Medio Atrato) e intérprete de Médicos Sin Fronteras para su comunidad, recalca que dobida significa ‘gente de río’: “El río es lo que nos da vida”, afirma. Joven afro alegre, que habla a velocidad de relámpago y le gusta ser llamado ‘Camilo’, Iberson Arley Palacios, de Riosucio (Bajo Atrato), confiesa que antes de ser guardián pensaba que Chocó eran solo Quibdó y la región del Bajo Atrato, donde el río llega al mar Caribe: “Entendí que hacia arriba es otro Chocó más inmenso. Pero todos somos Chocó. Eso es gustoso”.
Los primeros jóvenes guardianes se reunieron en 2021, delegados por los consejos comunitarios de sus territorios. La idea de vincularlos había surgido del Centro Sociojurídico para la Defensa Territorial (Siembra) y del Foro Interétnico Solidaridad Chocó (Fisch), una plataforma que aglutina a todas las organizaciones del llamado Cuerpo Colegiado de Guardianes Comunitarios del Atrato, que se creó con el fallo de la Corte y cuya función es representar legalmente al río desde las comunidades ribereñas. Para dinamizar el trabajo del Cuerpo Colegiado, que originalmente estaba compuesto solo por guardianes y guardianas adultos, el Fisch y Siembra pensaron en la importancia de incluir a los jóvenes por ser portadores de conocimiento.
“Después de varios talleres en las instituciones educativas y de ver la motivación de los jóvenes, planteamos un diálogo intergeneracional”, señala Luz Enith Mosquera Perea, del equipo técnico del Fisch. Hicieron una segunda fase en la que llegaron otros 15 muchachos, pero había muchos más en la cuenca que estaban trabajando por sus territorios con temas similares a los de ellos: cultura, medioambiente, educación ambiental, comunicación. ‘¿Por qué no los ponemos a conversar?’, pensaron. Y así crearon la Red Interétnica de Jóvenes Guardianes. Ya son medio centenar. Trabajan por el río Atrato y sus comunidades.
El encuentro en cercanías de Quibdó tiene una motivación nueva. “Es la primera vez –precisa Mosquera Perea– que vamos a entregar recursos para que desarrollen proyectos puntuales en sus comunidades. Todo esto es para decirles: ‘Ustedes también pueden hacer algo’”.
El Chocó en el que nacieron los jóvenes guardianes no solo es una de las regiones más biodiversas y lluviosas del mundo, sino uno de los departamentos con mayor déficit de agua potable de Colombia, con más baja cobertura de acueducto y alcantarillado, con mayor pobreza multidimensional y el departamento en el que se focaliza la mayor cantidad de explotación de oro de aluvión del país.
La joven guardiana Yazury Dumaza, indígena embera dobida, cuenta lo que significa para ella y su comunidad el río Atrato.
Un sinsabor acompaña siempre a los chocoanos, una melancolía, un descontento, pero también unas ganas de cambiar las cosas. “Me gustaría transformar la conciencia de la gente sobre la necesidad de conservar nuestro río Atrato y prevenir el daño que se le está causando”, dice Kenyi Paolo. “Hay una pérdida de armonía dentro del territorio. El buen corazón y el buen pensamiento se están perdiendo. El río está pidiendo a gritos que lo ayudemos”, asegura, vehemente, Yazury.
“Cosas que uno añora y que no van a volver”
En los años ochenta, mientras estudiaba el bachillerato en Quibdó, Bernardino Mosquera (Paimadó, 62 años) jugaba fútbol en las playas del río Atrato. Cristalino y majestuoso, era un lugar feliz, escenario de intercambio cultural y deportivo de las comunidades ribereñas. “Las playas, que surgían en época de verano, eran nuestras canchas y allá nos divertíamos. Las piscinas para bañar y hacer natación eran el río, que cruzábamos de un extremo a otro. Son cosas que uno añora y que no van a volver”.
La transformación a gran escala empezó a ocurrir, lo recuerda muy bien, a finales de la década del noventa, cuando la minería llegó al territorio con un componente nuevo: las dragas traídas desde Brasil.
“Nunca habíamos visto esos aparatos tan grandes y nunca la comunidad pensó que tuvieran tanta capacidad para destruir un territorio”, dice Mosquera, testigo y memoria de la degradación del río Atrato, así como de la de uno de sus tributarios, el río Quito, presa inerme de la minería ilegal mecanizada, que vierte en el Atrato sus aguas moribundas cargadas de metales pesados.
Al principio –rememora Mosquera sobre lo ocurrido en el río Quito, que es el que pasa por Paimadó, su pueblo– la gente no se opuso porque pensó que las dragas operarían sobre la ribera del río únicamente, canalizándolo. “Pero, poco a poco, fueron entrando y destruyendo todo lo que encontraron a su paso. Hoy, hay áreas que son un desierto”.
Él y otros líderes denunciaron el poder de destrucción de las dragas y sus conexiones con los grupos al margen de la ley, pero las dragas y las retroexcavadoras se volvieron paisaje –un paisaje apocalíptico que, al compás del desbordante mercado del oro, ha ido borrando el paisaje que Bernardino Mosquera añora–. Vinieron las amenazas. Fue secuestrado por los paramilitares y se convirtió en objetivo de distintos grupos ilegales. “Hay líderes que hemos venido luchando por esto y no nos ha dado miedo la intimidación. Seguimos para evitar que las generaciones futuras sean tan vulnerables”.
Cuando salió a la luz la sentencia que le dio derechos al río Atrato, en 2016, Mosquera era presidente del Consejo Comunitario Mayor de Paimadó. Por su liderazgo comunitario, le propusieron ser guardián del río Atrato. Aún lo sigue siendo. Pero lo dice sin ambages: ser guardián no es ningún idilio. “Vivimos en una encrucijada porque la gente cree que debemos garantizar los derechos del río Atrato, cuando eso es algo que le corresponde a un Estado que fue demandado no solo por incumplir unos derechos, sino por el olvido en que ha tenido a las comunidades étnicas de la región del Atrato”.
Hablar por el río
“Llevar el derecho a la gente es mi vocación”, asegura la bogotana Viviana González. En enero de 2015, se sumó al equipo de litigio de una ambiciosa acción de tutela que presentaron cuatro organizaciones étnico-territoriales chocoanas contra 26 entidades del Estado colombiano.
El Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato (Cocomacia), el Consejo Comunitario Mayor de la Organización Campesina y Popular del Alto Atrato (Cocomopoca), la Asociación de Consejos Comunitarios y Organizaciones Étnico-Territoriales del Bajo Atrato (Ascoba) y el Fisch exigían garantías para las comunidades asentadas en las riberas del río Atrato, afectadas gravemente por la minería, la contaminación y la degradación del río y su ecosistema.
En la tutela plantearon que para las comunidades del Pacífico y del Atrato, en particular, el río es la vida misma. Señalaron a la minería legal e ilegal, al aprovechamiento forestal ilegal y a la falta de saneamiento básico como las principales problemáticas ambientales que afectaban al río.
“Darle derechos al río no fue algo que solicitáramos en la acción de tutela, pero la Corte lo incorporó para que resonara con las visiones propias del territorio. Uno se puede quedar en discusiones infinitas de si esta era la figura que más se adaptaba a la realidad local, pero sí ha logrado dinamizar y empoderar a las comunidades en la implementación de la sentencia, así como a las organizaciones accionantes (las que interpusieron la tutela y las que llegaron después del fallo de la Corte)”, reflexiona la abogada González, de Siembra, centro sociojurídico apoderado y asesor de las organizaciones accionantes frente a la implementación de la sentencia.
Bernardino Mosquera ha sido guardián desde que se conformó el primer Cuerpo Colegiado de Guardianes Comunitarios del Atrato. “Ser guardián es una encrucijada”, dice. Foto/ Paola Villamarín.
En esos años, solo dos países en el mundo les habían dado derechos legales a un río: Nueva Zelanda e India. En 2016, la Corte Constitucional colombiana, por medio de la sentencia T-622, le otorgó al Atrato derechos a la protección, a la conservación, al mantenimiento y a la restauración. La Corte decidió seguir el modelo de representación legal del río de Nueva Zelanda, que nombraba a dos guardianes, uno por el Estado y otro por las comunidades, para que “hablaran por el río”, como lo explica la guardiana Maryury Mosquera Palacios, quien también es coordinadora de la Secretaría Técnica del Fisch.
El presidente de entonces, Juan Manuel Santos, designó al Ministerio de Ambiente, en cabeza de su ministro, como guardián desde el Estado. Pero del lado de las organizaciones chocoanas había un consenso: una sola persona no podía ser guardiana comunitaria del Atrato.
Era necesario invitar a personas que hablaran por el río desde su nacimiento hasta su desembocadura. Cocomacia, Cocomopoca, Ascoba y Fisch convocaron a tres organizaciones étnico-territoriales que, aunque no habían firmado de la tutela, sí eran esenciales para abarcar toda la cuenca y sus problemáticas: los Consejos Comunitarios de Río Quito, la Mesa Indígena del Chocó, y la Mesa Social y Ambiental del Carmen de Atrato. Así nació el Cuerpo Colegiado de Guardianes Comunitarios, conformado por siete organizaciones y 14 guardianes, un hombre y una mujer por cada organización (excepto Río Quito, que tiene a dos hombres).
“Ha sido un desafío constante orientar la implementación de la sentencia. En ocasiones puede ser muy intimidante porque no había antecedentes. Ha sido a ensayo y error. Es trabajar desde la convicción, el compromiso y la voluntad para que la sentencia vaya más allá del papel”, precisa González, quien reconoce que uno de los grandes retos ha sido superar la vieja dinámica de confrontación entre el Estado y las comunidades.
Estructurar una figura inédita en Colombia
Desde que leyó la sentencia, el abogado Alexander Rodríguez Mena, de Campo Alegre del río Tanguí, se apasionó con la idea de ser guardián del río Atrato. Cómo no quererlo, si el río para él y su gente ha sido la existencia misma. “Cualquier atrateño de 40 años y más que se respete ha tomado el agua del río Atrato. Ese era el acueducto de nosotros. Era ineludible bañarte en él, preparar la sopa con su agua, usarla para hacer limonada con azúcar y tomarla con pan”.
Luz Enith Mosquera trabaja muy de cerca con los jóvenes guardianes del río. Hace parte del equipo técnico del Foro Interétnico Solidaridad Chocó.
Como representante de Cocomacia estuvo en la primera reunión en la que las organizaciones se sentaron a dimensionar la sentencia. “El primer tema fue que todos y cada uno de nosotros definierámos qué era ser guardián. Era esencial tener claridad también sobre para qué íbamos a ser guardianes y qué íbamos a custodiar”.
Juntos, a través del tiempo, tuvieron que estructurar una figura inédita en Colombia. “Creo que otra comisión de guardianes comunitarios como esta no va a haber. La razón es simple: nos tocó crear todo el armazón del edificio, desde sus bases hasta convertirlo un lugar en el que se pudiera vivir”, agrega Rodríguez refiriéndose al papel de los guardianes como representantes del río y como aquellos que velan, de la mano del guardián del Estado, por el cumplimiento de la sentencia.
La Corte, que viajó a Chocó para corroborar lo que estaban denunciando las organizaciones, ordenó diseñar un plan de descontaminación de las fuentes hídricas del departamento, comenzando por la cuenca del Atrato y sus ecosistemas; crear un plan de acción conjunto para neutralizar y erradicar las actividades de minería ilegal en el Atrato y sus afluentes; desarrollar un plan de acción integral que permita recuperar las formas tradicionales de subsistencia y alimentación, y hacer estudios toxicológicos y epidemiológicos del Atrato y de sus comunidades. Cada orden involucra a distintos ministerios, entidades, institutos, corporaciones autónomas regionales, gobernaciones y municipios.
Declarar a la naturaleza sujeto de derechos y asignarle unos representantes legales era muy novedoso en el mundo, reconoce la abogada González. “Pero la Corte no diseñó una estructura –afirma–. Se ha ido desarrollando con el paso del tiempo y la dinámica del proceso. Pero no hay herramientas institucionales para realizar esa labor ni hay una entidad del Estado que esté a cargo. Entonces, las funciones de representación legal del río, de incidencia, impulso y seguimiento a la implementación de la sentencia han caído en manos de los guardianes en su rol voluntario y en su compromiso con la transformación del territorio. Es incansable lo que hacen para poder garantizar que se siga haciendo la tarea”.
Los guardianes comunitarios, además, llevan la sentencia por toda la cuenca para hacer pedagogía. Su mantra todas y todos somos guardianes del río Atrato, sin embargo, no ha podido fluir por el territorio como quisieran porque no hay recursos.
“La gente dice que los guardianes no hemos hecho nada porque creen que tenemos que poner a andar las órdenes de la Corte y girar la plata para que se hagan los estudios epidemiológicos y toxicológicos, y se implemente la recuperación y soberanía alimentaria –afirma Rodríguez, con decepción–. Tampoco tenemos la oportunidad de llegar a las comunidades para contarles de la sentencia y lo que se ha logrado”.
El vacío de información ha generado suspicacias sobre su labor. Que ganan mucho dinero, se dice por ahí. Pero el trabajo de los guardianes es ad honorem. Que son ellos quienes ordenan la destrucción de las dragas, lo que compromete su seguridad. Que se toman muchas fotos con los ministros. Que viajan. Que hablan en la radio y en la televisión.
“Es un trabajo demandante y exigente que nunca termina siendo satisfactorio para nadie, pero sin el Cuerpo Colegiado de Guardianes la sentencia no tendría avances”, puntualiza González. Expertos como Mauricio Madrigal, quien desde el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ayuda a fortalecer el modelo de gobernanza del cumplimiento de la sentencia, creen que darles tanta responsabilidad a los guardianes tiene un doble filo: “Cuando les dicen que son los representantes comunitarios del río, de cierta forma les están cargando una corresponsabilidad. Si el Estado no la delimita y los apoya para que cumplan, los ponen frente a la comunidad a asumir un riesgo que no tienen por qué asumir. Debe haber una partida presupuestal casi que exclusivamente para pagarles salarios”.
Avances y estancamientos
Madrigal es un abogado ambiental paisa que, desde la Clínica Jurídica de Medio Ambiente y Salud Pública de la Universidad de los Andes, participó en la construcción del Plan de Descontaminación del río Atrato (2019), ordenado por la Corte, en el que participaron Minambiente, el Cuerpo Colegiado de Guardianes, líderes de distintas comunidades atrateñas, el Instituto de Investigaciones Ambientales del Pacífico, la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó y la Universidad de Cartagena, entre otros actores.
La abogada Viviana González resalta que, con su sentencia, la Corte supo entender la dinámica biocultural del río: “No solo le dio valor a la naturaleza, sino que rescató la visión, el uso, las dinámicas y los saberes que se han desarrollado a partir del río”.
El experto habla de avances y estancamientos en la implementación de la T-622: “Para mí hay un avance simbólico en el fortalecimiento de la agencia comunitaria que se logró a partir de la sentencia. Se dio, además, un ejercicio de planificación colaborativa entre el Ministerio Ambiente y los guardianes del río Atrato con unas experiencias muy relevantes”. Pero, acota, ha habido una lentitud en dos factores: “Financiamiento, aunque en el último año se ha ido moviendo, y seguridad territorial, un componente que no se ha solucionado porque en Colombia no existe una política criminal ambiental con enfoque biocultural y de derechos humanos”.
Con la presión de los guardianes y de Siembra, recalca la abogada González, el Ministerio de Ambiente constituyó un proyecto específico para el Atrato dentro del Fondo para la Vida, el mecanismo de financiamiento ambiental creado por el Gobierno de Gustavo Petro en 2024, que permitirá tener a disposición recursos directos para la implementación de la sentencia. Así mismo, en 2023 el Ministerio de Agricultura destinó 30.000 millones de pesos para invertir en la cuenca del río Atrato. “En lo operativo, vemos que los ejecutores de esos contratos tienen muchos retos qué superar –advierte González–. Si se quieren ver cambios significativos es necesario hacer seguimiento, control, fiscalización y veeduría ciudadana a los recursos, las acciones y las entidades involucradas”.
Falta mucho camino por andar. El Ministerio de Defensa presentó su plan de acción para erradicar la minería ilegal, pero dice la guardiana Maryury Mosquera que “lo construyeron ellos solos desde Bogotá, sin hablar con las comunidades ni con los guardianes”. A juicio de González, ese plan no está siendo efectivo: “La minería ilegal ha crecido desde la sentencia porque el precio del oro sube cada día. El del Ministerio de Defensa es un plan de acción militarista que no es eficiente ni pertinente porque no es preventivo. Si se controla el comercio de insumos, no se puede hacer la actividad. Pasan las dragas, pasan las retroexcavadoras y solo hay dos carreteras en el Chocó. Lo mismo ocurre con la gasolina y el mercurio. Debe controlarse también el comercio del oro”.
Desde la orden que busca proteger la salud de los atrateños, se hicieron los estudios toxicológicos al río y su gente, pero han pasado cinco años y el Ministerio de Salud no ha entregado los resultados al Cuerpo Colegiado de Guardianes. La Universidad de Córdoba y la Universidad Tecnológica del Chocó hicieron pruebas en sangre, cabello y al agua de 13 municipios. “Con los resultados preliminares se sabe que la contaminación existe, que es generalizada y que está por encima de lo permitido en niveles de mercurio. Por ende ya tendría que haber una respuesta a este problema de salud pública ambiental”, agrega González.
El reto fundamental es transformar las condiciones de la cuenca y de su gente, asuntos que todavía no se han materializado. “Hemos avanzado en construir una ruta para lograrlo, ¿pero cómo logramos que se dinamice y no se quede en el papel? No podemos decir que el trabajo de estos años haya sido despreciable porque ha implicado mucho esfuerzo y dedicación sentarnos y construir con nuestra gente, hacer pedagogía con los jóvenes y con las comunidades, estar en constante diálogo con la institucionalidad”, agrega Luz Enith Mosquera, desde aquel encuentro con los jóvenes guardianes, en medio del barullo y la alegría.
Desde el malecón de Quibdó, donde el río Atrato con sus aguas marrón sigue siendo imponente, Angélica, de 22 años, posa ante la cámara de su hermana. Cae la tarde y ella quiere ser retratada junto al río. “Me encanta verlo. Siento que así como se mueven sus olas, así mismo se van los problemas. Y la vista es tan bella. Se puede diferenciar que hay dos ríos en él: el Atrato y el Quito. Eso nos recuerda que siempre hay límites”.
